"Tenemos contabilizados 206 casos desde el 1 de enero de 2016 al día de hoy (…), lo que pasa es que tenemos muchos líderes sociales y la capacidad del Estado no alcanza a darle medidas de seguridad a todos", justificó el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, en una declaración a un grupo de medios, incluida Sputnik.
Mientras, se contabilizan más de 190 amenazas de muerte y más de 480 violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el movimiento de izquierda Marcha Patriótica.
"Es un guarismo que no para de crecer, porque mientras hablamos del tema puede estar siendo asesinado otro líder social, lo que también hace que cada organismo y el Gobierno manejen cifras diferentes", dijo el analista Luis Fernando Londoño, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos.
Para Londoño, esta violencia expone "la debilidad del Estado para asegurar su presencia en los territorios".
Esta ausencia se volvió patente luego de que el Gobierno firmara la paz en noviembre del año pasado con la exguerrilla FARC, pues esta dejó las armas, se desmovilizó y se convirtió en partido político, dejando así el control que ejerció durante décadas en muchos territorios rurales y aislados en los que la presencia estatal sigue sin existir.
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"Así las cosas, los asesinatos de líderes no son un coletazo del proceso de paz, sino más bien una expresión de la ausencia de justicia y autoridad en los territorios", enfatizó el analista.
Origen
La violencia contra quienes protestan y se organizan pacíficamente no es nueva en Colombia, aunque ha tenido fases agudas.
Sin embargo, desde esas décadas no se registraban asesinatos sistemáticos como los cometidos durante la implementación del acuerdo de paz, precisa el informe "Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre del 2017".
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Este documento de 103 páginas, redactado por el Centro de Investigación y Educación Popular, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y la Comisión Colombiana de Juristas, da cuenta de que el año pasado se cometieron 98 homicidios y tres desapariciones forzadas de activistas y defensores de derechos humanos, varios de ellos en las zonas más afectadas por el conflicto.
"Las alertas sobre muertes de líderes sociales las han hecho las comunidades mismas y se trata de hechos sistemáticos, los muertos han aparecido en las regiones donde históricamente ha habido grupos al margen de la ley que amenazan a las comunidades, por lo que no se trata de hechos aislados", dijo el integrante del movimiento Voces de Paz, Jairo Rivera, que representa a la FARC en el Congreso.
Autores y regiones
Para Marcha Patriótica, 19% de estas violaciones a los derechos humanos son achacables al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero casi 70% de los homicidios de líderes sociales no ha sido atribuido aún a un grupo específico.
"La gran mayoría de estos asesinatos está en el microcosmos delictual; hemos hecho todo el esfuerzo investigativo (…) y no hemos encontrado un designio o un perpetrador mayoritario", dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a la emisora Blu Radio.
El "Panorama de violaciones…" sostiene que hay una preocupante coincidencia de parte de estos crímenes con los municipios designados para implementar los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, previstos en el acuerdo de paz y que requieren la promoción política y la participación de la población local.
El seguimiento realizado por Marcha Patriótica indica que 92% de las agresiones son contra comunidades y la mayoría en los departamentos de Cauca (suroeste), Chocó (noroeste), Valle (suroeste) y Antioquia (noroeste).
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Cauca es el territorio de mayor riesgo para activistas, en especial indígenas y campesinos que aportan el mayor número de víctimas.
Reacciones
El Gobierno estima que estos asesinatos hacen parte de un proceso de posconflicto que se esperaba violento, en particular por la puja de grupos que se disputan los territorios dejados por la FARC.
Como "plan de contingencia", el Poder Ejecutivo anunció el despliegue de 62.000 agentes del ejército y la policía en 67 municipios, a fin de observar "los riesgos del narcotráfico, grupos armados ilegales y bandas criminales".
Pero el Estado no ha suministrado protección ni escoltas para las potenciales víctimas, pese a que muchas habían sido amenazadas.
