La orden la dieron el primer ministro Benjamín Netanyahu, el titular de Interior, Arye Dery, y el ministro para la Seguridad Pública, Guilad Erdan.
Los africanos que se enfrentan a la deportación, o en caso alternativo a la cárcel, tienen principalmente su origen en Eritrea y Sudán.
Las autoridades israelíes excluirán de la deportación a un número de prisioneros cuya situación es delicada, pero el resto tendrá la opción de elegir entre salir del país voluntariamente en un plazo de tres meses o entrar en prisión.
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Se estima que en Israel hay en la actualidad 27.000 eritreos y 7.000 sudaneses, así como otros 2.500 refugiados de otros países africanos.
A cada refugiado que abandona Israel el gobierno le entrega 3.500 dólares y le paga el billete de avión.
