A principios de 2017 el Gobierno de la primera ministra Theresa May envió al Parlamento la llamada 'Ley Brexit '. Se trataba de una notificación formal a la Unión Europea acerca de que el Reino Unido activaría el artículo 50 del Tratado de Lisboa.
13 de diciembre 2017, 20:06 GMT
"Esa acta que vota el Parlamento británico no termina de quedar firme, efectiva, porque hay una revisión importante que está haciendo la Corte Suprema sobre los efectos y los alcances que tiene. Y eso lleva a que al dia de hoy no se pueda afirmar que esta ley esté firme y por tanto que las negociaciones con el resto de Europa están sostenidas por un marco legal acorde", detalló Mauro Casa, máster en Políticas Públicas por la London School of Economics.
La demanda fue iniciada desde la sociedad civil y cuestiona que sea el Ejecutivo y no el Parlamento el responsable de definir, conducir y negociar la eventual salida del bloque comunitario.
"Para May ha sido un año político muy complicado y ve crecer la posibilidad de que el laborismo le arrebate el gobierno, algo que parecía imposible. Pero es claro que las elecciones de mitad de año supusieron un debilitamiento muy importante para su figura", apuntó Casa.
