El apoyo social a la liberación de Alberto Fujimori, preso desde hacía 12 años por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión (1990-2000), cayó nueve puntos en una semana. El 65% de los peruanos respaldaba una medida de ese tipo. Pero cuando fue concedida el 24 de diciembre en un aparente cambio de favores con la familia Fujimori para evitar la destitución, descendió a 56%.
"Ha sido visto como algo mal llevado y ha causado cierta movilización social que sin embargo no ha llegado a crecer como muchos esperaban y es probable que en la próximas semanas se reduzca. Pero crea la sensación de un Gobierno crecientemente aislado. La vacancia la salva con una retórica anti fujimorista y a los tres días libera al fundador de esa corriente política. Entonces esto deja al Gobierno casi sin aliados potenciales", afirmó el politólogo José Carlos Requena.
La posibilidad de un nuevo proceso de destitución ya es manejado por varios partidos de la oposición, que en este caso intentarían demostrar que la permanencia del presidente en el cargo fue a cambio del indulto. También son varios los movimientos que analizan si la mejor salida no es la convocatoria a elecciones anticipadas.
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Más allá del camino que siga el sistema político y la sociedad peruana en torno a estos temas, la economía no parece recibir los impactos negativos. Por el contrario, de alguna manera el escándalo Odebrecht parece traer cosas positivas para el país, más que para su actual y anteriores mandatarios que también son investigados, al igual que Kuczynski, por sus vínculos con las constructora brasileña.
"Perú es una economía principalmente extractiva. Se vienen buenos proyectos y yo creo que a pesar de que se pararon un poco por el tema Odebrecht vamos a continuar por el camino con las empresas que vayan quedando y eso le va a dar pie a sociedades peruanas para empezar a tallar en este mercado que estaba casi copado por Odebrecht", afirmó por su parte el economista Daniel Carpio, analista de XTB.
