"Es una audiencia limitada en cuanto a su objeto, que es de supervisión de los compromisos asumidos por el Estado; eso implica revisar cuáles fueron los compromisos que se asumieron con las dos sentencias de 2001 y 2006, referidas a Barrios Altos y La Cantuta, no es una instancia revisora o de impugnación, la Corte no puede decir "este indulto es nulo" u ordenarle una anulación al Estado peruano", dijo Pérez Arroyo en una entrevista con el medio local RPP.
En 2001 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por las masacres de 25 personas cometidas por un escuadrón del Ejército conocido como el grupo Colina en Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato (intelectual) de esas masacres, entre otras penas, pero resultó liberado de todas el 24 de diciembre de 2017, cuando recibió un polémico indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió el 28 de diciembre conceder a la Asociación Pro-Derechos Humanos de Perú (Aprodeh) la audiencia solicitada para el 2 de febrero con el fin de considerar el indulto y sus efectos en el cumplimiento por parte del Estado peruano de las sentencias dictadas por Barrios Altos y La Cantuta.
Fujimori cumplía pena por homicidio calificado y secuestro agravado, pero tenía también condenas por actos de corrupción y era investigado en otros dos procesos.
La Aprodeh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron ante la Corte Interamericana una comunicación urgente sobre el indulto y le solicitaron audiencia.
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El 4 de este mes Fujimori fue dado de alta de la clínica Centenario donde estuvo internado primero en cuidados intensivos y luego intermedios desde el 23 de diciembre por un cuadro de hipotensión y arritmia.
