"La corrupción por el desvío de fondos públicos federales a las campañas del PRI, y la impunidad que la permite, se ha colocado en el centro del proceso electoral", para elegir en julio próximo presidente, Congreso y autoridades locales, dijo la experimentada defensora de derechos civiles.
Aunque el caso había comenzado a develarse por investigaciones periodísticas, "esta es la primera vez que se presenta una investigación seria y completa de una fiscalía independiente", celebró Acosta.
"Es un importante precedente", explicó, porque involucra a responsables provinciales y federales de Finanzas y a un funcionario de alto nivel del partido gobernante, el veterano Manlio Fabio Beltrones, quien ha sido presidente del PRI, presidente del Senado y líder de las bancadas oficialistas en las dos cámaras del Congreso.
No obstante, el caso pone de manifiesto "graves limitaciones, como la pasividad de la Procuraduría General de la República, que no ha querido emprender el proceso de extradición desde EEUU", donde se encuentra Duarte, a pesar de unas 10 órdenes de arresto emitidas por la fiscalía de Chihuahua.
La investigación es "un proceso que está muy bien documentado judicialmente y la Procuraduría General no actúa por falta de interés de las instituciones federales, lo que muestra que no es una entidad autónoma independiente", lamentó Acosta, integrante ciudadana del SNA.
Controversia con el Presidente
En ese marco fue presentada otra denuncia del gobernador de Chihuahua, luego de que, tras los arrestos de una docena de exfuncionarios de Duarte, la Secretaría Federal de Finanzas incumplió la transferencia de fondos públicos a ese estado gobernado por un opositor al partido del presidente Enrique Peña Nieto.
"Se trata de una retaliación política, a pesar de que ha sido negada por el presidente Peña Nieto y el actual secretario de Hacienda", José Antonio González Anaya, dijo Acosta.
Con la reglas del sistema anticorrupción puesto en marcha en 2016, "en un mundo ideal, ante esta investigación del fuero común en la jurisdicción de Chihuahua, debería actuar el Comité Coordinador del SNA (que articula a las máximas autoridades judiciales y federales encargadas de combatir la corrupción), porque el caso involucra la malversación de fondos público federales", observó.
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La corrupción con fondos públicos para la educación, que se trasladaron a las campañas del PRI, según documentos y testimonios, "obliga a una clara competencia de la Auditoría Superior de la Federación", planteó Acosta.
Además, debe intervenir la Secretaría de la Función Pública (órgano del Poder Ejecutivo) "para saber qué pasó con esos fondos federales", e imponer sanciones administrativas o penales, explicó.
Así, el caso podría quedar impune, a pesar del inédito apoyo del Comité de Participación Ciudadana del SNA al gobernador de Chihuahua, con base en las funciones que establece la Constitución.
"Pero este caso va servir como ariete para incrementar la vigilancia en el proceso electoral, para que operen las instituciones y fiscalías federales sobre delitos electorales", puntualizó.
El candidato oficialista José Antonio Meade acusó al gobernador Corral de torturar al funcionario del Finanzas del anterior gobierno del PRI en Chihuahua que reveló la trama, lo que fue desmentido por Corral.
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"La intención de llevar el caso al plano electoral es descalificar la investigación de la fiscalía de Chihuahua, que realizó un impecable procesamiento penal", respondió Acosta.
Esos tres casos "fueron ejecutados con un mismo modus operandi, han puesto el dedo en el renglón del financiamiento ilegal de las campañas", puntualizó la responsable del SNA.
