"No existe ningún indicio de responsabilidad penal en contra del fiscal general del Estado y si hubiese existido, la primera pregunta es: ¿Por qué apareció hoy? ¿Por qué no se hizo público en el momento en que supuestamente existió?", cuestionó Baca en declaraciones a la prensa.
El 16 de enero, la fiscal Tania Moreno decidió iniciar una indagación contra Baca luego de que el político opositor Andrés Páez y el periodista Fernando Villavicencio señalaran que el funcionario incurrió en peculado por supuestamente haber realizado cobros irregulares mientras presidió la comisión 30-S, una delegación que estuvo a cargo de investigar los hechos ocurridos durante la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010.
De acuerdo con sus documentos, y que según Baca son falsos, el funcionario habría cobrado por sus servicios mientras presidió dicha comisión, aunque su labor debía ser sin fines de lucro.
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Sin embargo, el fiscal de la nación explicó que para postularse al cargo a inicios de 2017 el Consejo de Participación Ciudadana, a cargo de la selección, pidió directamente a la Contraloría que certificara "si los postulantes tenían algún tipo de indicio de responsabilidad administrativa o culposa", por lo que, en caso contrario, su postulación no habría procedido.
"El 11 de mayo de 2017 asumo y soy posesionado como fiscal sin haber tenido ninguna impugnación de ninguna naturaleza", recordó el funcionario, quien considera que detrás de esta acusación existen "oscuros intereses" que intentan "impedir que continúe con la lucha contra de la corrupción".
Por el momento, la fiscal Moreno está a la espera de que Contraloría certifique la veracidad del informe para dar continuidad al trámite.
