"La responsabilidad de un presidente de la República es enorme y por consiguiente también su responsabilidad cuanto comete crímenes", sostuvo el juez Sérgio Moro en su sentencia de julio por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
Pero ¿de qué está acusado Lula exactamente?
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se vio inmerso en las investigaciones de la trama de sobornos de la empresa semiestatal Petrobras porque, según los fiscales, recibió 2,7 millones de reales (780.000 dólares) de la empresa OAS, una de las implicadas en el esquema que esquilmó a la petrolera.
Moro usó como pruebas para condenar a Lula una escritura encontrada en el domicilio del expresidente en el que este apartamento figura a nombre de OAS, así como las visitas que tanto él como su esposa Marisa Letícia realizaron al inmueble para supervisar las reformas que se estaban haciendo para adecuarlo a sus exigencias.
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La defensa de Lula alega que el inmueble siempre perteneció a OAS, no a Lula, y que si bien en un primer momento él y su esposa se interesaron en comprarlo (de ahí que lo visitaran) después desistieron de la idea; además el expresidente recalca que no se encontró por el momento ni un solo papel que lo vincule con ese apartamento.
El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (una instancia superior al juzgado de Moro), con sede en Porto Alegre (sur) deberá decidir sobre el recurso que interpuso Lula para anular esa sentencia.
Tres magistrados decidirán el futuro político del líder izquierdista, puesto que pueden confirmar la sentencia de Moro, aumentarla, reducirla o incluso optar por la absolución de Lula.
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Esta última hipótesis es la menos probable, teniendo en cuenta el historial de este tribunal, que suele reforzar la mayoría de las sentencias en primera instancia.
En caso de una condena, los abogados de Lula podrán recurrir al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Supremo Federal, las máximas instancias judiciales del país, que podrían suspender la decisión del Tribunal Regional.
En cualquier caso, la decisión de si Lula será o no candidato electoral depende del Tribunal Superior Electoral (TSE) y solo se conocerá después del 15 de agosto, fecha límite que tienen los partidos para registrar a sus postulantes a las elecciones.
El TSE debería decidir si un condenado en segunda instancia puede concurrir a las elecciones.
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La ley de "ficha limpia" no lo permite, pero los abogados de Lula podrían pedir al TSE que esperara un veredicto final, lo que retrasaría los plazos y permitiría postularse al expresidente.
Aunque el PT prefiere no contemplar esta hipótesis, la prensa local especula con algunas figuras que podrían sustituir a Lula en el último momento, como el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, y el exgobernador del estado de Bahía (norte) Jacques Wagner.
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La incógnita está en saber si alguno de esos eventuales sustitutos gozaría del tirón popular de Lula, que pese a todo sigue encabezando todas las encuestas de intención de voto, muy por delante del segundo, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.
