"Estamos trabajando en la posibilidad de presentar una querella criminal contra el Consejo de Ministros al amparo del artículo 498 del Código Penal, que es el que hace referencia a la utilización de la fuerza, la intimidación o la amenaza para que los cargos públicos no puedan ejercer sus funciones con normalidad", dijo Rull el 25 de enero por la noche en una entrevista con la Cadena SER.
El 25 de enero, el Gobierno de España solicitó un informe al Consejo de Estado sobre la posibilidad de imponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la candidatura.
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Puigdemont se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas, después de que los tribunales españoles le abrieran una investigación en su contra por alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara —cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal— y por el Gobierno de España.
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El informe de los servicios jurídicos de la cámara cuestiona la posibilidad de una investidura telemática o delegada al considerar "imprescindible" que el candidato se encuentre en sede parlamentaria.
Pese a ello, el Consejo de Estado desaconsejó al Gobierno presentar recurso de manera preventiva ya que todavía no se sabe cuál será la actuación de Carles Puigdemont, que tiene la opción de entregarse a las autoridades españolas para poder participar en el debate.
"Trabajamos con la hipótesis de que Carles Puigdemont esté presente en debate (…) pero el reglamento del Parlamento de Cataluña contempla cualquier posibilidad", dijo Rull en una entrevista con la Cadena SER.
El diputado independentista anunció que, además de la posible querella criminal contra el Gobierno, el soberanismo presentará un recurso de amparo si el Ejecutivo central intenta impugnar la candidatura de Puigdemont.
