De esta manera la mujer es la primera en demandar a las autoridades en relación con la ley vigente entre 1948 y 1996 que permitía esterilizar a las personas con discapacidades mentales, incluidas menores de 10 años, para que no procrearan.
El medio señala que la demandante es una habitante de la prefectura de Miyagi, ubicada en la isla japonesa de Honshu, y pide una indemnización de casi 101.000 dólares, acusando al Gobierno también de no haber establecido medidas de alivio para recompensar a las víctimas de la esterilización cuando la ley ya fue abolida.
La mujer también apuntó que la ley no solo contradecía la Constitución, sino también privaba a las personas del derecho a ser feliz, sin embargo, las autoridades jamás presentaron disculpa alguna.
En 1972, cuando tenía 15 años, se le diagnosticó discapacidad de aprendizaje, después de lo cual fue esterilizada.
En 2016 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer recomendó a las autoridades niponas adoptar "medidas concretas encaminadas a proporcionar a todas las víctimas de la esterilización forzosa una asistencia legal, indemnizaciones y servicios de rehabilitación".
