El Senado (cámara alta del Parlamento) de Polonia aprobó una ley que establece la responsabilidad penal por la propaganda de la ideología de los nacionalistas ucranianos, la negación de la masacre de Volyn y las acusaciones sobre la complicidad de los polacos en el exterminio de judíos por los nazis durante la II Guerra Mundial.
"Quienes difunden mentiras sobre los campos de exterminio polacos hacen daño a la imagen y los intereses de Polonia, y he aquí que los autores de este proyecto hicieron del dominio del mundo entero esa sucia calumnia, con una eficacia jamás vista", escribió Tusk en Twitter.
La ley prevé penalizar con hasta tres años de cárcel el uso de la frase "campos de exterminio polacos" y de otras que podrían interpretarse como un intento de presentar a los polacos como cómplices de los crímenes nazis, incluido el genocidio de los judíos europeos.
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El mismo castigo se introduce por la propaganda de la ideología de Bandera (líder nacionalista ucraniano, colaborador con los nazis) y la negación de la masacre de Volyn organizada por los nacionalistas ucranianos durante la guerra.
El partido nacionalista ucraniano Svoboda (Libertad) exigió que el presidente del país, Petró Poroshenko, la condene y destituya al canciller Pabló Klimkin "por un nuevo fracaso de la diplomacia ucraniana".
Según los judíos polacos, la nueva ley no solo pretende reescribir la historia, sino también limitar la libertad de expresión, pues supone castigar por decir la verdad sobre los que mataron a sus vecinos judíos o chantajearon a los judíos escondidos y a los polacos que los protegían.
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El centro judío de estudio de la historia del Holocausto, Yad Vashem, prometió seguir averiguando la verdad sobre la actitud que mostraron los polacos hacia los judíos durante la II Guerra Mundial, pese a las limitaciones que pretende imponer Varsovia.
