"La representación permanente de Estados Unidos ante la ONU trata de ocultar deliberadamente que fueron ellos quienes enterraron la resolución de la ONU que buscaba ampliar e impulsar el Mecanismo Conjunto de Investigación para hacerlo independiente, objetivo y competente", señaló la misión de Rusia ante Naciones Unidas en un mensaje en Twitter.
.@USUN deliberately omits that they came last to kill our #UNSC resolution to extend and reincarnate #JIM to make it independent, objective and professional. pic.twitter.com/ISmn6WfOx5
— Russian Mission UN (@RussiaUN) 1 февраля 2018 г.
El 16 de noviembre de 2017 Estados Unidos vetó la resolución de la ONU, presentada por Rusia, que pretendía extender el mandato del Mecanismo Conjunto de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (JIM, por sus siglas en inglés) para investigar los ataques químicos en Siria.
La ONU había constituido ese mecanismo conjunto en diciembre de 2016 con el objetivo de recoger evidencias que permitan juzgar a los responsables de los crímenes más graves que se cometieron en Siria desde marzo de 2011.
El octubre de 2017 el grupo presentó un informe en el que responsabilizaba al Gobierno sirio del ataque de abril de 2017 con gas sarín en Jan Sheijun, y a Daesh (autodenominado Estado Islámico y proscrito en Rusia y otros países) del uso de gas mostaza en Umm Hawsh en septiembre de 2016.
Lea más: EEUU acusa a Rusia de intentar socavar la misión OPAQ-ONU en Siria
Damasco denunció que los expertos de la OPAQ construyeron su informe con testimonios dudosos aportados por los grupos terroristas que operan en Siria.
El propio jefe de la misión conjunta de la ONU y la OPAQ, Edmond Mulet, defendió las conclusiones del informe, aunque admitió que ningún integrante de su equipo estuvo dispuesto a viajar a Jan Sheijun para recoger pruebas en el terreno pese a las garantías de seguridad.
Le puede interesar: ¿A quién beneficia el presunto ataque con gas sarín en Siria?
El 23 de enero de 2018 Estados Unidos volvió a vetar en la ONU una propuesta para establecer un nuevo mecanismo para investigar el uso de sustancias tóxicas, en concreto el episodio que supuestamente se produjo en Guta Oriental y que habría afectado a 20 personas, según afirmaron los cuestionados Cascos Blancos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) con sede en la capital británica.