"Esto es un divorcio: si comienzas a arrojarle los platos al otro, alguien tiene que decidir, un juez tiene que decir suficiente, hablemos", afirma Terricabras en una entrevista publicada por el portal digital Vilaweb.
Este mediador adoptaría la forma de "los jueces europeos y los políticos europeos, es decir, la UE", ya que éstos, continúa, "no quieren tener un conflicto permanente en el sur de Europa".
"Esta gente dice una cosa y después hace otra si les conviene, son gente con capacidad de cambio", explica el eurodiputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
El político catalán admite que en el pasado confió demasiado en el papel mediador de la UE: "Participé en la idea de que todo sería más rápido porque confiaba en el espíritu democrático de los otros".
"Pensábamos que la Europa del siglo XXI reaccionaría a una represión del siglo XVIII, pero la verdad que hay intereses cruzadosy entrecruzados entre Estados", confiesa al matizar que Madrid "ha pagado para comprar voluntades y para que callen".
Terricabras critica las posiciones de sus colegas españoles del Partido Popular Europeo, que han hecho "esfuerzos por una cosa que ellos dicen que no existió nunca, que no hubo referendo".
"Es caricaturesco", afirma.
Y agrega que "los nervios" entre los conservadores españoles "son enormes".
Sanciones en el horizonte
El eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya Josep-Maria Terricabras no descarta sanciones contra Madrid por su gestión del conflicto político en Cataluña.
"Ahora aplicamos el artículo 7 a Polonia, porque en el Parlamento Europeo hay una obsesión, en buena parte justificada, contra Polonia y Hungría, y de los españoles del Partido Popular (PP) contra Venezuela", explica Terricabras en una entrevista publicada por el portal Vilaweb.
"Hungría y Polonia pueden hacer disparates, pero los disparates del [artículo de la Constitución Española] 155 no los han hecho nunca", señala.
Terricabras no descarta que España pueda ser incluso sancionada en un futuro.
"Tenemos que estar alerta ante todo", afirma.
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El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) "tiene por objeto garantizar que todos los países de la UE respeten los valores comunes de la Unión, incluido el Estado de Derecho".
Llegado a ese extremo, y previo aviso al país en cuestión, el Consejo puede "suspender ciertos derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados en el país de la UE en cuestión, incluidos los derechos de voto de ese país en el Consejo".
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
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La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referendo pactado.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
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La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.
