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Gobierno de Venezuela repudia apertura de "examen preliminar" de la CPI

© REUTERS / Marco BelloProtestas en Caracas, la capital de Venezuela (archivo)
Protestas en Caracas, la capital de Venezuela (archivo) - Sputnik Mundo
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CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela repudió la apertura de un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por presuntos excesos policiales durante las protestas contra el Gobierno que se registraron entre abril y julio de 2017.

"La República Bolivariana de Venezuela, rechaza de manera firme y categórica la apertura de un Examen Preliminar de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional", expresó la cancillería mediante un comunicado.

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En tal sentido, el Gobierno de ese país manifestó su sorpresa por la ausencia de una comunicación oficial proveniente de la Fiscal de la Corte, "y que sea a través de la información difundida en un comunicado", que se notifique al Gobierno, por lo cual destaca una alteración del debido proceso.

A pesar de ello, el texto señala que las autoridades del país caribeño aseguran a la CPI su plena contribución para que se diluciden los hechos mencionados en el comunicado, al tiempo que está en la disposición de suministrar información relevante a efecto de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional.

"Venezuela resalta que la Corte Penal Internacional y sus órganos, incluida la Fiscalía, según establece claramente el Estatuto de Roma (…) solo podrá conocer aquellos casos en que un Estado se niegue a investigar o judicializar una situación de las que son competencia de la Corte, lo cual no es el caso venezolano", expresa el texto.

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Estas reacciones se producen luego que la Fiscalía del tribunal internacional abriera un "examen preliminar" sobre Venezuela por la "fuerza excesiva" usada por la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional para "dispersar y reprimir manifestaciones", y por los presuntos "graves abusos" a los que habrían sido sometidos los detenidos.

Este examen preliminar analizará los delitos supuestamente cometidos por el Estado desde abril de 2017, en el marco de las protestas contra el Gobierno que dejaron 146 muertos, entre los cuales hay manifestantes, transeúntes y funcionarios de las fuerzas de seguridad.

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