Falta de fiscales y jueces frenan funcionamiento del Sistema Anticorrupción en México

"Lamentablemente, algunas piezas fundamentales del sistema están ausentes; aún falta nombrar a un Fiscal Anticorrupción, a dieciocho magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y a un nuevo Auditor Superior de la Federación", explicó Acosta, que coordina a las fiscalías, auditorías y tribunales en la materia.

Sin esos nombramientos, que deberían haberse cumplido desde julio del año pasado 2017, "y sin los sistemas locales faltantes [en los estados del país], será prácticamente imposible que funcione y despliegue todas sus capacidades", dijo la nueva funcionaria en su discurso de toma de posesión.

Acosta descartó, no obstante, que el SNA sea un fracaso, por el incumplimiento de los plazos legales de esos nombramientos y de la incapacidad política para integración de los sistemas provinciales.

"La corrupción es un mal endémico y sistémico", con prácticas que son incluso toleradas en todo el país, señaló la experta.

"No nos engañemos, los hechos de corrupción producen víctimas numerosas, y para ponerle fin a este flagelo se creó el SNA", dijo la nueva titular ciudadana, designada en un proceso con participación con organizaciones de la sociedad civil y expertos.

La incidencia de los intereses partidistas y el reparto de cuotas de funcionarios entre las fuerzas políticas, "deben hacerse mediante procedimientos escrupulosamente transparentes y rigurosos, para que quienes resulten nombrados lo sean por su honorabilidad y méritos profesionales", indicó.

Finalmente, se refirió a la corrupción en las contiendas electorales, hacia los comicios presidenciales y legislativos del 1 de julio.

"Desgraciadamente, hay prácticas ilícitas que todavía existen en el financiamiento de las campañas", apuntó al referirse a denuncias del Instituto Nacional Electoral.

Solo en el ejercicio del presupuesto federal anual, que ronda los 250.000 millones de dólares, organismos civiles consideran que alrededor de 10% se pierde en actos de corrupción, es decir hasta 25.000 millones de dólares al año.

Otros expertos estiman que la falta de transparencia en la vida pública y empresarial le cuesta al país al menos cinco por ciento de su Producto Interno Bruto.

La fiscalía anticorrupción fue creada en febrero de 2014, después de una reforma constitucional en la materia, pero desde diciembre de 2016 se comenzaron a incumplir los plazos para designar al máximo inquisidor encargado de la fiscalización del sistema.

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La última fecha incumplida fue el 19 de julio de 2017, fecha en que el Senado volvió a fracasar en la designación de ese alto cargo encargado de establecer las responsabilidades administrativas, sanciones, penas, e inhabilitaciones de funcionarios corruptos, entre otros castigos.

Entre los casos más sonados está un investigación federal sobre una trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que pagó en México 10,5 millones de dólares para obtener contratos con proyectos del Estado, que podrían haber sido utilizados en la campaña presidencial de 2012, señalamiento negado por el oficialismo.

Otros escándalos abarcan a gobernadores corruptos, que han terminado procesados, encarcelados o prófugos, acusados de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos a campañas políticas. 

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