"Un conflicto por el bajo prestigio de las instituciones, dependerá mucho del resultado electoral: si es cerrado, aumentará la conflictividad y jugará en contra de quien gane", dijo a esta agencia Jorge Javier Romero, profesor investigador del departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma de México.
En cambio, si la diferencia es amplia, "el resultado será más aceptable y el desprestigio del Instituto Nacional Electoral (INE) no influirá demasiado", estima el académico, doctorado por la Universidad Complutense de Madrid.
"En ese caso, el escenario será muy conflictivo, aunque hasta ahora no hay pruebas de que haya habido fraude" en aquellos comicios, dijo Romero.
El otro tema que genera incertidumbre es la fiscalización del gasto público.
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El profesor de la Universidad Iberoamericana (UIA) y consultor político Rubén Aguilar Valenzuela estima que los gastos de campaña son exorbitantes y llegan lejos de los límites legales.
"El mayor de todos los vicios es el gasto escandaloso de las campañas, que va de 10 a 15 veces más de los topes permitidos por la ley", dijo el académico a esta agencia.
Sobre esa estimación, Romero comenta que, legalmente, "las instituciones no tienen manera de saber cuánto gastan realmente los partidos, porque el INE solo fiscaliza los reportes que los partidos reconocen y los ingresos privados declarados y legales".
"El problema son los indicios muy fuertes de que el dinero negro en las campañas es ingente", afirma el politólogo de la universidad capitalina.
Romero señala que el Banco de México detecta masas monetarias inusuales en periodos electorales.
"La demanda de efectivo era realmente atípica desde el último trimestre del año 2017, creció en forma exponencial: cerca del 20% superior a lo normal", indicó citando datos del banco central.
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Ese dinero sucio circula en efectivo, no mediante circuitos financieros bancarios.
Es inevitable la sospecha: "podría proceder del crimen organizado, de la corrupción o malversación de fondos públicos, como las transferencias ilegales de gobernadores a campañas políticas", puntualizó el experto.
Instituciones sin credibilidad
La credibilidad en las instituciones políticas en México es aún muy baja.
La presidencia (4,9), los diputados (4,8) y los senadores (5) también caen en la franja más baja.
El organismo electoral (INE) alcanza una valoración mediana, con 6,2 puntos, lejos de las instituciones más respetadas: las universidades (7,4); la Iglesia católica (7,1) y el Ejército (7).
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El autor de la investigación "Financiamiento de partidos, rendición de cuentas y corrupción", señala que el desprestigio de las instituciones comienza por los ataques de los partidos, inconformes con resultados.
"Los actores políticos llevan las controversias a la escena pública, y van mermando la credibilidad de instituciones que operan con funcionamientos muy complejos, muy difíciles de entender", dijo el autor.
Los ciudadanos encargados de contar los votos "a pesar de la capacitación que reciban, enfrentarán situaciones muy complejas en tareas simples, como distinguir votos nulos, en un sistema que se ha vuelto muy abigarrado", anticipa Zorrilla.
Cita como ejemplo la causa de nulidad de una elección por rebasar los topes legales de gastos de campaña.
En México existe una peculiar jurisprudencia, que establece como criterio obligatorio, en qué cancha cae la pelota en esas controversias.
"Si la diferencia es menor a 5% del resultado electoral, el que debe probar que no rebasó los gastos es el acusado; pero si es mayor a 5%, quien acusa debe demostrar que el derroche fue determinante para definir la votación", explica Zorrila.
El sistema está diseñado para fiscalizar solo los reportes de gastos entregados por los partidos, el resto no existe, "no se corresponden con la realidad", puntualizó.
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Un total de 87,8 millones de electores están convocados a las elecciones generales del 1 de julio próximo.
