Su trabajo se enmarcará en concretar "esfuerzos para el cumplimiento de la agenda legislativa que ganó las elecciones el 19 de febrero de 2017", cuando aún no se producía la ruptura del partido oficialista Alianza País (AP), informó la bancada en un comunicado.
Este grupo legislativo está conformado por alrededor de 20 asambleístas que optaron por permanecer en la orilla política de Correa, quien se distanció de su sucesor y correligionario y se convirtió en su principal crítico por, a su criterio, "traicionar" los principios de la Revolución Ciudadana.
En el texto especifican que en su eje de legislación las prioridades apuntan a la "atención urgente de las principales preocupaciones ciudadanas", como son "empleo de calidad; economía y producción; seguridad y combate a la delincuencia; corrupción, y derechos y erradicación de la pobreza".
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En el primer punto, la bancada se propone impulsar un nuevo Código de Trabajo y reformas a la Ley de Seguridad Social, además de nuevas normas sobre emprendimiento y ejemplo juvenil, trabajo autónomo, empleo rural y agrícola.
En los temas económicos plantean desarrollar una ley para combatir los trámites innecesarios, una ley de turismo, otra para el sector artesanal y para el mercado de valores, así como normativas destinadas a la acuacultura y pesca y al fortalecimiento del sector agropecuario y agroindustrial.
Respecto a la erradicación de la pobreza, proponen una ley para vivienda popular y la aprobación del Código de Salud, asimismo,
Los legisladores consideran necesario desarrollar una normativa para asegurar la calidad de los servicios públicos y reformar el actual Código de la Niñez y Adolescencia.
En otros temas, instan a que el Ejecutivo rinda cuentas periódicas de su gestión en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), como una medida de fiscalización en aspectos "sensibles" como "seguridad, inteligencia, economía, entre otros".
"Otras iniciativas propuestas en este eje buscan combatir la persecución y la judicialización de la política", esto en referencia a lo ocurrido con el exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por el caso Odebrecht, y a quien la bancada considera un perseguido político.
El periodo legislativo en curso comenzó en 2017 y culminará en 2021, año en el que los parlamentarios terminarán sus funciones.