El 2 de febrero el presidente Mauricio Macri recibió en la casa de Gobierno a Luis Chocobar, un policía procesado por asesinar de un disparo por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, quien atacó a puñaladas a un turista para robarle en La Boca, Buenos Aires, el 8 de diciembre de 2017.
Los hechos generaron la preocupación de organismos de derechos humanos, jueces, fiscales y académicos, y el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para quienes la declaración de Macri "resulta inadmisible".
"Sus expresiones respecto de cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho", argumentaron.
El accionar policial y el apoyo del Gobierno también debe leerse teniendo en cuenta el "grito social", dijo a Sputnik la socióloga argentina Mariana Galvani. "Hay gente que no sabe a qué le tiene miedo. Está asustada no de la suba de las tarifas, de los recortes sociales, sino que canaliza ese miedo y en esa energía en la figura del delincuente que asecha, que está ahí, que nos va a hacer algo aunque no se sepa bien qué es. Desde el Gobierno le están poniendo cara al miedo", opinó.
Un posible origen
Juliano considera que las dictaduras de mediados del siglo pasado "dejaron una fuerte impronta en los países de la región, relacionado con el uso de la fuerza como herramienta para ejercicio de la praxis política". Desmontar esa cultura "no ha sido sencillo", opinó.
"Cuando los gobiernos no pueden presentarse como campeones en la generación de empleo porque están desocupando, cuando no pueden demostrar que han tenido una buena performance en políticas sociales porque están privatizando, despresupuestando, una de las pocas oportunidades que tienen para presentarse al electorado como merecedores de votos es recurrir a la inseguridad", explicó.
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¿Qué dicen las normas internacionales?
Estas ilegalidades "acentúan el sentimiento de desprotección y aumentan la percepción de inseguridad", ya que si las personas encargadas de garantizar la seguridad se convierten en sus agresores, "se deslegitima la obligación fundamental del Estado: proteger".
"Los únicos casos donde se justifica hacer uso de la extrema fuerza, en general, es en el supuesto de legítima defensa propia o de terceras personas. Es decir, debe existir un riesgo actual e inminente que coloque en peligro la propia vida o de terceras personas", explicó Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal.
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Según el Artículo tres del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de NU, el uso de armas de fuego por parte de agentes estatales es una "medida extrema". Por ello el agente deberá hacer "todo lo posible por excluir su uso, especialmente contra niños".
En otras palabras, no deberá emplearlas "excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas".
