"Esto solo nos da más motivos para seguir resistiendo, nosotros no vamos a permitir que entre el petróleo, eso estamos buscando y en eso seguiremos, el territorio amazónico es vida, la tierra es vida y queremos que se anule la explotación petrolera del bloque 79 y 83 porque esto nos va a contaminar", señaló la dirigente.
En esa ocasión, los representantes de la sociedad civil evidenciaron que el pueblo sápara se ha visto afectado desde 2015 por incursiones en su territorio ancestral, "sin previa consulta, con la intención de asegurar la futura explotación petrolera de un área que afectaría el 68% de la superficie de su territorio".
Pero Grefa advierte además que la explotación petrolera "va a destruir nuestra naturaleza, nuestra agua, nuestros animales, por eso como nacionalidad estamos luchando para que no ingrese el petróleo".
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De paso, señala que si el Gobierno insiste en explotar su tierra, ellos tomarán medidas, respaldados por la Confederación de Nacionalidad Indígenas (Conaie) y otras agrupaciones que comparten propósitos similares.
Algo que a decir de la dirigente indígena no ha ocurrido, pues "nosotros no estamos ni estaremos de acuerdo con la explotación petrolera".
En esa ocasión, el Estado ecuatoriano no acudió a la audiencia, y la Comisión señaló que esto "impide o dificulta de manera severa" que la CIDH pueda cumplir con su mandato.
El Gobierno ecuatoriano concesionó en 2016 a un consorcio chino los bloques petroleros 79 y 83, cuya explotación afectaría directamente a la nacionalidad sápara y que hasta el momento está detenida debido a las presiones sociales.
Aunque el Gobierno no se ha pronunciado aún sobre el informe, en años anteriores rechazó permanentemente los señalamientos de Amnistía Internacional, sobre todo mientras el expresidente Rafael Correa estuvo en el poder, entre 2007 y 2017.
