Sturgeon justificó la iniciativa como necesaria "para proteger nuestra posición" del propósito del Gobierno central de "acaparar competencias autonómicas" sobre el sector pesca o el medio ambiente, entre otras.
La medida desafía directamente la estrategia legislativa que el Gobierno conservador ha puesto en marcha en preparación de la salida de la UE, en marzo de 2019.
La polémica se centra en la cláusula 11 del proyecto de ley de la Retirada, que enmarca las competencias transferidas desde Londres a las administraciones autonómicas del Reino Unido —Escocia, Gales e Irlanda del Norte— y dependientes en la actualidad de Bruselas.
El Ejecutivo de May propone reservarse unos 25 de los 111 poderes autonómicos enumerados una vez se produzca el Brexit, para así formular una política nacional global incluso en áreas transferidas, como agricultura o pesca.
"Hemos intentado llegar a un compromiso e intentamos evitar este paso pero hemos de proteger nuestra posición", señaló Sturgeon en el turno de preguntas de su intervención en el congreso de la Asociación de Aseguradoras Británicas (ABI), en la City de Londres.
Además, el Gobierno de Sturgeon y la administración laborista que controla la Asamblea de Cardiff intentarán sacar adelante su coordinada propuesta bajo el título de proyecto de ley de Continuidad.
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Son proyectos rivales con el mismo fin: traspasar a la legislatura británica todas las leyes y normativas comunitarias acumuladas desde la adhesión de Reino Unido en 1973 para evitar un vacío legal cuando llegue el Brexit.
