Sin embargo, las medidas únicamente se han aplazado sin una nueva fecha y a media tarde del 27 de febrero la Iglesia del Santo Sepulcro continuaba cerrada a peregrinos y turistas.
La alcaldía quería imponer impuestos a las propiedades de las iglesias que no son lugares de culto, como hoteles o restaurantes.
Según el ayuntamiento, las distintas denominaciones cristianas deben a las arcas municipales más de 50 millones de dólares por ese concepto de impuestos atrasados.
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Un comité del gobierno pretendía impulsar un proyecto de ley que permitiría al estado expropiar tierras que las iglesias ortodoxa y católica han vendido a promotores inmobiliarios desde 2010.
Mientras se estudia este apartado, no se llevará adelante ninguna ley contraria a los intereses de las iglesias.