La IICCS responsabiliza “principalmente” al Gobierno británico de sus terribles repercusiones e insta al Ejecutivo de Theresa May a indemnizar económicamente a los dos mil sobrevivientes conocidos.
"La migración infantil fue una política gubernamental profundamente errónea, ejecutada malamente por numerosas organizaciones que enviaron al extranjero niños de incluso cinco años de edad", denunció la presidenta de la investigación, la profesora Alexis Jay.
Otro miles más fueron desplazados forzosamente a colonias británicas en las décadas anteriores.
La mayoría sufrió malos tratos en su lugar de destino o, según el testimonio de una víctima, la experiencia "se describe mejor como tortura que abuso".
"Sucesivos gobiernos británicos fallaron a la hora de asegurar que hubiera en pie medidas suficientes para proteger a los niños de todo tipo de abusos, incluido el abuso sexual", critica la presidente de la investigación.
La profesora Jay denuncia además la complicidad de las autoridades que continuaron con la operación pese a la acumulación de "pruebas de que los niños estaban sufriendo".
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Organizaciones religiosas y humanitarias con sede en Australia —desde los Hermanos Cristianos a Barbados o el Hogar Metodista, entre otros— se repartían a los menores deportados de Inglaterra y Gales.
"Nunca podré recuperarme adecuadamente y pasar página hasta que se exijan responsabilidades a los gobiernos que establecieron el sistema de deportación infantil y a la Iglesia católica a cuyo cuidado me abusaron", declaró Michael O’Donoghue al panel de la encuesta.
El equipo de investigadores cree que la práctica llegó a su fin en 1970, no por motivos éticos o políticos, sino porque se agotó el "suministro de niños adecuados" para enviarlos a ultramar.
La IICC recomienda que la indemnización económica vaya acompañada de sendas disculpas del Gobierno y de las organizaciones involucradas en el sistema.
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En 2010, el entonces primer ministro británico, el laborista Gordon Brown, se disculpó públicamente en nombre del Gobierno del Reino Unido.
El Gobierno australiano emitió su 'mea culpa' en 2009.
