"No hay ninguna ilegalidad en la determinación de que el condenado pueda cumplir provisionalmente su pena después de que se agoten los recursos en segundo grado", dijo el magistrado Félix Fischer, el primero de los tres de un total de cinco que ya votaron en contra del amparo, conformando una mayoría suficiente.
Al recurrir al TSJ (una instancia superior) la defensa de Lula quería evitar que fuera preso mientras hubiera recursos pendientes de resolución.
El abogado defensor José Paulo Sepúlveda Pertence alegó que Lula no cometió delitos en este tiempo, no intentó perjudicar la investigación ni huir de una eventual condena, además de ser una persona de avanzada edad y expresidente de la República, por lo que debería poder seguir recurriendo en libertad.
La defensa del expresidente también había presentado un pedido de embargo de declaración ante el TRF-4, un tipo de recurso que no permite anular la sentencia y que la defensa usó para ganar tiempo.
Sin embargo, al expresidente le queda una última opción, puesto que también presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Supremo Federal, aunque éste no tiene fecha para decidir sobre el pedido.
El habeas corpus, una antigua institución jurídica para evitar los arrestos o detenciones arbitrarias, se puede conceder en Brasil siempre que alguien sufra o se sienta amenazado de sufrir "violencia o coacción en su libertad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder", según la Constitución, y puede ser liberatorio o preventivo, como en el caso de Lula.
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Lula es favorito en todas las encuestas de cara a las elecciones generales de octubre, pero podría verse impedido de participar en ellas porque la legislación brasileña no permite que un condenado en segunda instancia sea candidato.
En cualquier caso la decisión final la tomará el Tribunal Superior Electoral a partir de agosto, cuando se registren oficialmente las candidaturas.
El exmandatario fue condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero por presuntamente haber recibido un apartamento de lujo de manos de la constructora OAS, una de las implicadas en la trama corrupta de Petrobras.
Lula niega que ese inmueble fuera suyo y alega que está siendo condenado sin pruebas, víctima de una persecución judicial y mediática que quiere evitar a toda costa que vuelva al Gobierno.
