"La operación [antiterrorista] proclamada en 2014 está en marcha y continuará independientemente del cumplimiento de la ley de la reintegración de Donbás", que prevé una operación conjunta de las fuerzas militares, afirmó Yuri Bobrov, un oficial del Departamento Jurídico del ente castrense ucraniano.
Por este motivo se lleva a cabo bajo el auspicio del Centro Antiterrorista del Servicio de Seguridad de Ucrania (la versión ucraniana de la antigua KGB soviética, 'gemela' del FSB ruso o NSA estadounidense).
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Kiev tacha a los milicianos del este del país como 'terroristas', un estatus que trató de promover —sin éxito— a escala internacional.
El punto clave de la ley de reintegración de Donbás es la concesión al presidente del derecho de usar las fuerzas armadas en los tiempos de paz con el fin de "defender la soberanía".
En práctica, permite usar el Ejército contra las regiones del este ucraniano sin declarar la guerra a nadie.
La cancillería de Rusia, a la que la ley declara oficialmente 'país agresor', criticó fuertemente la norma legislativa, denunciando que su aprobación acaba con los acuerdos de Minsk y favorece al 'partido de la guerra' en Kiev, que busca solucionar la crisis exclusivamente por vía militar.
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Las repúblicas autoproclamadas, a su vez, advirtieron que la aprobación de la ley significa una apuesta por la escalada militar que podría resultar en un derramamiento de sangre a gran escala, una vez que el Ejército de Ucrania decidiera lanzar una ofensiva contra las entidades no reconocidas.
