El dictamen del Consejo, órgano encargado de seleccionar y evaluar a las autoridades de control del país, establece que "por existir una sanción administrativa de destitución", emitida previamente por la Contraloría del Estado, "se declara cesado al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández" en su cargo de superintendente de Comunicación e Información.
Ochoa fue el primer titular que tuvo esta institución, pero desde el inicio fue criticado por su falta de independencia del Ejecutivo mientras Rafael Correa gobernó al país; muchos medios fueron censurados y sancionados con multas elevadas en procesos que actualmente han sido revertidos tras la llegada de Lenín Moreno al poder.
La destitución de Ochoa es la primera acción formal del Consejo de Participación transitorio tras posesionarse el martes 6 último, pues entre sus funciones está la de evaluar el desempeño de estas autoridades, una atribución que le fue otorgada por la mayoría de los ecuatorianos el pasado 4 de febrero en la consulta popular.
El ente de control confirmó que, tras agotado el debido proceso y "una vez efectuado el estudio (…) de los argumentos de descargo presentados por el servidor", no se desvirtuaron "los fundamentos de su responsabilidad", por lo que se procedió con las respectivas sanciones.
Tras conocer la resolución, Ochoa decidió acatar el dictamen, aunque señaló en una rueda de prensa que lo actuado responde a "una violación flagrante a los derechos constitucionales y legales que como ciudadano y autoridad me asisten".
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Asimismo, aseguró que el Consejo transitorio no cumplió con "el debido proceso" y se "extralimitó en sus funciones" y advirtió que pedirá una "acción de amparo" a la Corte Constitucional "por considerar que han sido violentados mis derechos a la legítima defensa".
"Pido se indique al país en qué parte del anexo aprobado en la consulta consta la atribución para que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio destituya directamente a una autoridad de control sin la previa evaluación, esto violenta una vez más el derecho a la defensa y al debido proceso que me asiste como ciudadano y como autoridad", enfatizó con relativa molestia.
Además de la destitución, Ochoa será sometido por el legislativo a un juicio político previsto para este 8 de marzo, por supuesto "uso de documento falso" luego de que bajo su administración se imprimieran ejemplares de la ley de comunicación con cambios en un articulado que se usó para sancionar a varios medios de comunicación.
Sin embargo, el exfuncionario anunció que aún no había sido notificado de dicho juicio político.
