El Ministerio Público Federal informó en un comunicado que la Policía Federal realizÓ el 9 de marzo registros y detenciones relacionados con el "pago de sobornos en las obras de la central hidroeléctrica de Belo Monte", puesto que el consorcio encargado de las obras, Norte Energía, fue "indebidamente favorecido" por agentes del Gobierno para ganar la concesión.
Uno de los focos de la operación es el exministro de Hacienda, Agricultura y Planificación durante la dictadura militar y exdiputado Antônio Delfim Netto, quien habría recibido dinero que a su vez fue presuntamente redirigido al oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y el Partido de los Trabajadores (PT).
"Las pruebas indican que el exministro recibió el diez por ciento del porcentaje pagado por las constructoras, mientras que el resto de los sobornos se dividió entre el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) y el PT en un porcentaje del 45 por ciento para cada partido", resaltó la Fiscalía.
Hasta el momento las investigaciones rastrearon pagos de más de cuatro millones de reales (1,2 millones de dólares) de un total estimado de 15 millones de reales (4,6 millones de dólares), por parte de las empresas Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS y J.Melucelli.
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La Fiscalía subrayó que las obras de la presa, "además de haber ocasionado graves impactos sociales y ambientales" que ya habían sido demostrados por el Ministerio Público Federal, también redundó en elevados daños económicos para toda la sociedad.
Su coste total se estima en 38.600 millones de reales (11.900 millones de dólares) entre inversiones públicas y privadas, y aunque ya funciona parcialmente, cuando esté a pleno rendimiento, posiblemente en 2020, abastecerá el diez por ciento del consumo nacional de electricidad.
Las obras fueron polémicas desde el principio, ya que el lago creado con la presa inundó más de 500 kilómetros cuadrados de selva amazónica, destruyendo asentamientos indígenas y zonas de alto valor ecológico.