El Senado de Polonia dio luz verde el 16 de diciembre de 2017 a la versión final de 13 leyes que constituyen la nueva reforma judicial sobre las funciones y la composición del Tribunal Supremo y el Consejo Nacional del Poder Judicial.
Como resultado, la Comisión Europea dirigió a Varsovia un llamado para cambiar la legislación polaca de manera que se corresponda a las normas de la UE. La respuesta por parte de los países bálticos no se hizo esperar.
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"No nos gusta que Polonia pueda enfrentar sanciones", comunicó Maris Kucinskis, primer ministro de Letonia, citado por la revista rusa Expert.
Por su parte, Saulius Skvernelis, primer ministro de Lituania, declaró que Vilna apoyaría a Varsovia y exhortó a que Tallin hiciera lo mismo.
"Solicité a los primeros ministros de Estonia y Letonia que valoraran su cooperación con Polonia y apoyaran al país", comunicó Skvernelis.
De acuerdo con Juri Ratas, primer ministro de Estonia, no se puede concebir que Polonia pierda el derecho a voto en los foros comunitarios.
El político estonio se refirió así a la resolución que dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea para imponer sanciones contra países miembros, en este caso Polonia.
El apartado 2 del mismo artículo prevé un mecanismo sancionador que podría derivar en la pérdida del derecho a voto por parte de Polonia.
"Nosotros no podemos admitir que la situación llegue tan lejos, ya que mediante negociaciones podemos alcanzar una postura conjunta dentro de la UE", enfatizó Juri Ratas.
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