"Para quienes caminamos con los padres, este conjunto de atroces ilegalidades que encontró la ONU ponen en entredicho la llamada 'verdad histórica' de la Procuraduría General de la República (fiscalía), que fabricó una mentira histórica al acudir a la tortura para crear un montaje", dijo a esta agencia Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Los estudiantes están desaparecidos desde el ataque policial a cinco autobuses en los que viajaban por la Ciudad de Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital, la noche del 26 de septiembre de 2014.
"El informe establece un patrón de detenciones arbitrarias y torturas en los casos de 34 personas detenidas (entre ellas una mujer)", presuntos sicarios y policías, por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o Masacre de Iguala, donde también murieron seis personas a balazos.
En alguno de esos casos el Alto Comisionado indica que "como consecuencia de la tortura se convirtió en una ejecución arbitraria", dijo Patrón.
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Patrón sostuvo que el informe del Alto Comisionado reporta que "la investigación que debió haber sido un modelo de impartición de justicia en el país, y la más cuidada por su gravedad, está manchada de ilegalidad con patrones sistemáticos de tortura y encubrimiento".
En efecto, el alto comisionado Zeid Ra"ad Al Hussein dijo al presentar el informe en Ginebra que "las conclusiones apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa".
Móvil sigue sin conocerse
El documento "Doble injusticia — Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa" muestra que expertosd e la ONU analizaron los casos de 63 personas de 129 imputadas y detenidas por agentes de la fiscalía, policías federales y la Marina de guerra.
Las autoridades federales insinuaron a principios de marzo que estaban a punto de clarificar el móvil de la masacre de Iguala.
Patrón comentó que "sin violar el sigilo de la investigación, esa información podría apuntar a que el eje del móvil comenzó con la toma de los cinco autobuses" hecha por los jóvenes para viajar a la conmemoración anual de la masacre de la Plaza de Tlatelolco de 1968 en la Ciudad de México.
Una línea de investigación que planteó en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) fue que la movilización concertada de patrullas de varios municipios y los ataques a balazos que dejaron además 40 personas heridas se desencadenaron por la toma de los autobuses, que pudo afectar sin intención intereses del narcotráfico.
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El nuevo informe de la ONU apunta que la investigación no agotó las líneas de investigación recomendadas por organismos nacionales e internacionales.
La segunda pesquisa pendiente es el rol de "la policía ministerial y preventiva del estado de Guerrero (sur, donde se localiza Iguala) y de altos funcionarios políticos por posible vinculación con la organización criminal Guerreros Unidos", sostuvo el abogado.
Ese grupo opera en una zona agreste de Guerrero plagada de cultivos de amapola (adormidera), materia prima del opio y otras drogas que se trafican ilegalmente a EEUU.
El tercer eslabón se refiere al papel que jugaron los perpetradores de los ataques en la supuesta entrega de los jóvenes desaparecidos al crimen organizado: miembros de policías locales de cinco municipios: Iguala, Cocula, Huitzuco, Apaxtla y Tepecoacuilco, relató Patrón.
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general Jesús Murillo anunció que el caso estaba resuelto y presentó lo que calificó como "verdad histórica".
El procurador dijo que los estudiantes desaparecidos fueron "entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan".
El informe final del GIEI concluyó que la pericia forense no apoyaba la afirmación de que todos los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en ese lugar.
