El informe titulado "Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa", fue elaborado por recomendación del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal), que hace "un llamado al Gobierno mexicano a erradicar prácticas revictimizantes".
También se documenta los impactos vividos por los estudiantes normalistas que fueron gravemente heridos y sus familiares, "para quienes los hechos trastocaron su proyecto de vida y los obligaron a desplazarse de su lugar de origen".
Asimismo, los expertos abordaron los procesos de "duelo traumático que enfrentan los familiares de los normalistas asesinados, y las profundas afectaciones a los niños y niñas", quienes intentan dar sentido a los hechos ante la falta de respuestas.
"Preocupa la falta de voluntad del Estado mexicano para cumplir con la recomendación del GIEI de tomar este diagnóstico como la base para la generación de planes de atención y, en su caso, reparación para las víctimas", indica el informe en sus conclusiones.
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Entre el origen de los traumas psicológicos menciona, por ejemplo, "la reiteración de la llamada Verdad Histórica" de la fiscalía federal.
Esa versión cuestionada por las familias y expertos internacionales concluye que cinco autobuses repletos de jóvenes fueron atacados por policías del municipio de Iguala (220 km al sur de Ciudad de México) y del vecino pueblo de Cocula, que los arrestaron y entregaron a narcotraficantes, del cartel Guerreros Unidos, la noche del 27 de septiembre de 2014.
Confesiones obtenidas bajo supuestas tortura denunciadas, indican que los sicarios los asesinaron, quemaron sus cuerpos en el basurero a cielo abierto de Cocula, y lanzaron sus restos calcinados al río San Juan, la madrugada y mañana siguiente, pero solo uno de los 43 jóvenes ha sido plenamente identificado con estudios genéticos forenses.
El documento muestra los impactos psicosociales que viven hasta la fecha los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes enfrentan un proceso de "duelo congelado" por la incertidumbre.
Los padres, madres y familiares "no saben si sus hijos están vivos o muertos", lo que acarrea "profundas consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Revela además la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas".
A tres años y cinco meses de los ataques en Iguala en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el informe fue poresentado por las organizaciones de la sociedad civil, el Centro de Análisis e Investigación Fundar; el jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Servicio y Asesoría para la Paz.
