"La forma de organización del crimen, el hecho de que su asesora no se viera afectada y que el conductor recibiera un tiro por detrás denota un cierto grado de planificación que lleva a colocar a policías como sospechosos de la práctica del delito", afirmó el procurador en declaraciones a BBC Brasil.
Franco, de 38 años, fue asesinada de cuatro disparos en la cabeza cuando se retiraba de un evento feminista en el centro de Río; un coche acorraló el vehículo en el que viajaba, efectuó disparos y huyó; su conductor, Anderson Pedro Gomes, también murió en el acto.
Para Panoeiro el "punto de partida" de las investigaciones es que Franco denunció la violencia policial repetidamente desde su puesto como concejala.
Cuatro días antes de ser asesinada denunció supuestos abusos cometidos por agentes de la Policía Militar en la favela de Acari, al norte de Río de Janeiro.
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El procurador considera que el caso es muy parecido al de la jueza Patrícia Acioli, que fue asesinada en 2011 con 21 tiros en la puerta de su casa en Niteroi (Río de Janeiro).
Otra información que refuerza la hipótesis de la vinculación de policías es que las balas que mataron a la concejala pertenecen a lotes vendidos a la Policía Federal de Brasilia en el año 2006, según avanzó la cadena de televisión O Globo.
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La Policía Civil (responsable de las investigaciones) ya habría descubierto que la munición es original, es decir, que no fue recargada.
La joven política destacó por su papel en la defensa de los derechos humanos, en especial de las mujeres, los jóvenes negros, el colectivo LGTBI y los habitantes de las favelas.
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Desde el inicio de su carrera se mostró muy crítica con la violencia policial y más recientemente con la intervención militar que vive Río de Janeiro.
