"La Fiscalía está demostrando un nivel de eficiencia sin precedentes en la investigación de delitos contra líderes sociales, pero hay que ir más lejos, hay que prevenir esos delitos, hay que atacar los actos de falta de reconciliación o de heridas abiertas que puedan causar este tipo de muertes', señaló Rivera, según testimonios difundidos por su despacho.
"Hay que combatir las organizaciones que se empeñan en aprovecharse de economías ilícitas, hay que ser eficaces en esos retos y en promover actitudes que permitan a los Consejos Territoriales de Paz actuar con inclusión y aliviar la olla de presión que aún fomenta confrontación en algunos sectores de la sociedad", dijo.
Las palabras de Rivera se produjeron luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló en la tarde del 14 de marzo un decreto que reestructuró la Fiscalía General de Colombia de cara al postconflicto.
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Dicho decreto crea la Unidad Especial para el desmantelamiento de organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y movimientos políticos, entre las cuales se encuentran bandas criminales, disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y estructuras paramilitares.
La Unidad Especial de Investigación estará integrada por agentes de la policía judicial junto con analistas, investigadores y fiscales capacitados para el análisis, investigación y seguimiento de casos de homicidios, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos.
