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ONG de derechos humanos pide al Gobierno de Bolivia que libere a cocaleros

© REUTERS / Manuel ClaureLas protestas de cocaleros
Las protestas de cocaleros - Sputnik Mundo
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LA PAZ (Sputnik) — La no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz reclamó al Gobierno de Evo Morales que libere a 44 cultivadores de coca que fueron detenidos luego de que se enfrentaron a la policía para recuperar la sede de su gremio.

"El mercado legal de la coca de Villa Fátima (en la ciudad de La Paz) es propiedad de los cocaleros de los Yungas; nunca un Gobierno neoliberal se atrevió a tomar ese mercado, nunca hasta ahora que el Gobierno neoliberal de Evo Morales lo hace con toda la tropa policial; libertad para los cocaleros", sostuvo la Asamblea en un mensaje por las redes sociales Facebook y Twitter.

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El mercado de Villa Fátima pertenece al Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), que nuclea a los cultivadores de este arbusto ancestral asentados en los Yungas, una región de valles subtropicales situada unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad.

La Asamblea publicó asimismo la lista con los nombres de los 44 detenidos por la policía.

Los cocaleros de Los Yungas marcharon el martes hasta la sede de su gremio en Villa Fátima, donde hubo enfrentamientos con los policías que protegen esas instalaciones en medio de una pugna por el control de la dirección de Adepcoca.

Las movilizaciones estallaron el lunes a raíz de que un comité ad hoc se atribuyó la representación de Adepcoca y tomó la sede de ese gremio.

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El titular de la directiva de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, y sus seguidores acusan al comité ad hoc de tener respaldo del Gobierno, por lo cual decidieron movilizarse para recuperar su sede, informó el portal local Opinión.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió el martes que el Ministerio Público intervenga para esclarecer las denuncias contra Gutiérrez por supuesta corrupción y uso indebido de los fondos de Adepcoca.

El martes el comité ad hoc denunció que Gutiérrez habría contratado "gente de choque" para mantenerse al frente de esa organización y extraer una caja fuerte con dinero de la oficina intervenida de Adepcoca, publicó la estatal Agencia Boliviana de Información.

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El vicepresidente de Adepcoca de La Paz, Gregorio Chamizu, sospecha que el Gobierno hizo aparecer una caja fuerte en la sede de los cocaleros con el objetivo de perjudicar a los dirigentes, según Opinión.

En marzo de 2017 el Gobierno promulgó la Ley General de la Coca, que legaliza 22.000 hectáreas de cultivos de coca, 14.300 en los Yungas de La Paz y 7.700 en la provincia del Chapare, en el central trópico de Cochabamba.

Los cocaleros de los Yungas se opusieron a la norma porque duplicó los cultivos legales de coca en Cochabamba, de 3.600 hectáreas a 7.700, mientras que en los Yungas y las zonas tradicionales de las provincias Inquisivi y Caravani de La Paz solo amplió la superficie legal permitida de 12.000 a 14.300 hectáreas.

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