La CIDH manifestó en un comunicado su "preocupación por el elevado número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados" en el país, por lo que insta a que se realicen "investigaciones diligentes" sobre los casos.
Según ese reporte, los autores de los homicidios son, en su mayoría, grupos disidentes del paramilitarismo.
"Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2.500 desplazamientos", agrega el comunicado.
La Comisión señala que la tendencia se observa "a partir de la implementación de los acuerdos de paz", desde comienzos de 2017, con la ahora desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tiempo desde el cual "los asesinatos de personas defensoras han aumentado sostenidamente".
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De acuerdo con la CIDH, basada en datos de la Defensoría del Pueblo, "desde enero de 2017 a febrero de 2018 ocurrieron 121 asesinatos de defensoras y defensores" en Colombia, aunque organizaciones como la Coordinadora de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana cifran las muertes en más de 213.
El relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, comisionado Francisco Eguiguren, señaló, según indica el comunicado, que los comisionados están "muy preocupados por esta situación y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad colombiana en su conjunto".
La CIDH afirma que la labor de los líderes sociales es esencial para la construcción de una sociedad democrática y la consolidación del Estado de Derecho, por lo que reitera su llamado al Estado colombiano para que investigue los casos y sancione a los responsables de los crímenes.
"Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos", indica el organismo.
Por último, la Comisión llama al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respectos de tales crímenes.
