"Exigimos a los Gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para el rescate de nuestros compañeros", señala el texto que fue recibido por la consejera ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Pilar Vargas Álvarez, de manos de las periodistas Sara Ortiz, de El Comercio, y Soraya Constante, vocera del colectivo.
En el documento, los reporteros explican además que "la seguridad de la frontera colombo-ecuatoriana es responsabilidad de ambas naciones, que deben velar por la seguridad de los periodistas secuestrados", por lo que "es necesario que se tomen acciones para conocer con seguridad en qué país se encuentra el equipo de El Comercio".
Asimismo insisten en que "el tema debe ser una prioridad para los Estados de Ecuador y Colombia, que deben tomar acciones inmediatas al respecto", pues "es su obligación salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, y más aún de los equipos periodísticos que se encontraban de cobertura en la zona de conflicto".
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En ese sentido, exhortan al Estado ecuatoriano a exigir "la debida corresponsabilidad del caso" a las autoridades colombianas.
Hasta el momento no se tiene más indicios sobre el paradero de los dos periodistas y el conductor secuestrados que cumplían con labores informativas cuando fueron interceptados en Mataje, una localidad ecuatoriana de la provincia de Esmeraldas (noroeste), por disidencias de la exguerrilla colombiana FARC.
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Este es el séptimo hecho violento registrado en la frontera entre Ecuador y Colombia en menos de dos meses.
El quinto ataque se cometió el pasado 20 de marzo, cuando la explosión de un artefacto causó la muerte a tres soldados ecuatorianos y heridas a 11 heridos en Mataje, el hecho más grave hasta el momento.
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El sexto incidente tuvo lugar el 26 de marzo, cuando otro artefacto estalló frente a un tanquero (vehículo de transporte de agua) de las Fuerzas Armadas en la misma población de Mataje.
