Estos datos, divulgados por el Ministerio de la Mujer, demuestran que el crecimiento económico sostenido de Perú en las últimas dos décadas no se ha traducido en una mejora de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, explicó a Sputnik María Villalobos, directora de la ONG Save the Children Perú.
Pero los números podrían ser peores, ya que hay un "subregistro" de la situación, y "no todos los casos de violencia sexual son denunciados o llegan al sistema estatal", precisamente porque el violentador suele estar presente en la familia o la comunidad educativa.
"Se vulneran más los derechos de las niñas: el 70 pct de la violencia sexual en Perú según las cifras oficiales es contra niñas y adolescentes mujeres. Apenas en el Seguro Integral de Salud (SIS), uno de los sistemas sanitarios del país —pero no el único- entre cinco y seis niñas dan a luz cada día", expresó la referente de la organización.
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Y aunque no todos se dan por violaciones, el aumento de los embarazos infantiles es en parte causado por esta situación. El panorama es alarmante: Villalobos citó estadísticas que ubican a las niñas o adolescentes madres en 15 de cada 100. La cifra escala a 23 en las zonas rurales y a 25 en la selva peruana.
"Si tú miras el nivel educativo, entre las niñas que no han terminado la primaria 38 de 100 ya han sido madres o están embarazadas", agregó.
"El sistema no funciona, ya sea porque no está el servicio en el lugar de la víctima; o porque a pesar de estar, al funcionario no le interesa, no lo entiende o no sabe cómo atender al niño o la niña; o porque no hay cámara de Gessell y no se puede hacer la entrevista única. Se revictimiza al niño por todos lados y el sistema hace agua", describió Villalobos.
De momento, desde el Estado peruano parece no haber "ni las decisiones políticas ni la inversión" para poner en marcha un aparato que pueda actuar de manera eficaz para cortar de raíz el problema.
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En el país rigen normas "que hablan del interés superior del niño y la niña" por encima de cualquier decisión política, cosa que no es tenida en cuenta. Además, el presidente del Consejo de Ministro es obligado a dar cuenta anualmente del estado de situación de la infancia y la adolescencia peruana, una instancia que ha sido esquivada en los últimos dos años.
Pero, a la luz de la situación actual, "al niño y a la niña no se los concibe como una persona". No solo a nivel gubernamental, sino también en cada hogar y en la educación que se les da.
"Desde nuestra perspectiva es algo bastante simple y doloroso. Que haya dinero no quiere decir que haya recursos para resolver los problemas de los derechos de la infancia, en términos de violencia o de anemia", concluyó.
