"La carencia de investigación efectiva y la impunidad alientan la violencia política", dijo a esta agencia Edgar Cortez, director del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDDHHyD).
Una evidencia indirecta de la actuación de la delincuencia en los municipios atrapados por bandas del narcotráfico es "la violencia que intimida a candidatos, a quienes no aceptan tratos con las mafias, o quienes son atemorizados porque las atrocidades aterrorizan al resto de los candidatos", explica el experto.
No obstante, afirma que se identificaron focos rojos en provincias que, en la última década, fueron presas del crimen: Guerrero y Oaxaca en el sur, Michoacán y Jalisco en el centro; Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, en el norte.
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Esta lista crece, porque "el Estado mexicano es cada vez más débil y cómplice, lo que debería alertar a todas las oficinas de seguridad nacional", indicó Cortez, veterano defensor de víctimas, de origen jesuita.
El eslabón más débil
En lo que va del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, que comenzó en diciembre de 2012, los ataques al poder local dejaron 74 presidentes municipales asesinados en funciones, exalcaldes o ediles electos, según la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
El Estado no está preparado para dar cobertura a miles de dirigentes, además de la presidencia, los 500 asientos de la Cámara de Diputados, los 128 del Senado, otros 3.500 cargos provinciales, municipales y legislativos, van a ser elegidos el 1 de julio, para lo cual se han registrado más de 12.000 candidatos. ¿Cómo protegerlos? se interroga el experto.
"Habría que desarrollar una estrategia extensa y firme para cuidar la vida de los candidatos y ciudadanos", responde.
A las campañas de miedo de los candidatos presidenciales, quienes se acusan mutuamente de tramar políticas desastrosas, el verdadero miedo a la muerte ha penetrado las fibras del tejido social, cuando termina un Gobierno con mayor saldo de muertos de la historia contemporánea del país.
La prensa también está en la mira: fueron asesinados 12 periodistas en 2017, y 37 desde el año 2012, cuando comenzó el Gobierno de Peña Nieto.
"El efecto en la población es una terrible atmósfera de miedo, que puede inhibir la participación ciudadana en el proceso electoral en amplias zonas del país", concluye Cortez.
La estrategia de atrapar las cabezas de las organizaciones criminales ha llevado a la fragmentación del crimen, en centenares de células con poder local, concluye el director del IMDHyD.
El control sobre los candidatos a alcaldes, que después se extiende a las policías municipales, es una de las estructuras del crimen organizado mexicano.
"Las autoridades tienen que mandar señales muy claras, se debe imponer un hasta aquí, y el mejor mensaje que se puede enviar es que haya responsables procesados y sentenciados, erradicar la impunidad", dijo el jurista el 17 de abril.
Eduardo Buscaglia director del Instituto de Acción Ciudadana de México, dijo a Sputnik que en el país latinoamericano están presentes los elementos que han sido detectados en otros Estados en América Latina que fueron atrapados por el crimen organizado, como Colombia.
- El primer elemento es "la fácil penetración de la delincuencia en la colocación de candidaturas, porque la dirigencia política no está dispuesta a reformar ese sistema, que les da mucho poder y dinero sucio en efectivo que entra a las campañas", dijo el experto argentino.
- El segundo factor, es "la facilidad con la cual el dinero del tráfico de drogas, armas, seres humanos, y extorsiones entra a empresas de la economía legal".
- En tercer lugar, "un pacto de impunidad impide a todos hablar de ese tema, ante la ausencia de controles fiscales, patrimoniales en México".
El país está en el nivel más bajo de los miembros de la Organización Económica para el Comercio y el Desarrollo que aglutina a las mayores economías del mundo.
Finalmente, "en el poder judicial mexicano hay muchos fiscales que solo comienzan a hablar cuando son destituidos", puntualizó Buscaglia.
El propio ministro de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete, admitió que los narcotraficantes "están tratando de intimidar o de imponer candidatos a puestos de elección popular en algunas regiones del país, específicamente en Guerrero", un estado montañoso productor de goma de opio de exportación a EEUU.
