"Las políticas que involucran recursos importantes del Estado en una situación como la que nos encontramos hoy de déficit fiscal, deben ser abordadas de una forma responsable y estudiando cada una de las aristas que contenga", afirmó la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en conferencia de prensa.
La ministra vocera afirmó que el proyecto "no tiene vía de financiamiento" y aseguró que, al redactar la iniciativa "no fueron considerados los montos".
Sin embargo, aclaró que "como Gobierno siempre hemos sido muy rigurosos en señalar nuestro compromiso férreo en la defensa de los derechos humanos, este es permanente y va a seguir siéndolo".
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La iniciativa si bien fue retirada de su trámite legislativo, volvió al ministerio de Justicia para ser revisada.
"El ministro de Justicia [Hernán Larraín] revisará este proyecto para poder tomar una decisión cuando cuente con todos los antecedentes", dijo Pérez.
Pleito en el Congreso
Cuando se comunicó este 19 de abril en la Cámara de Diputados que el proyecto había sido retirado de su trámite, el diputado oficialista Ignacio Urrutia celebró la noticia, afirmando que la iniciativa era "nefasta".
"No es la primera vez que se entregan estos regalitos a gente que más que exiliados, fueron terroristas; en buena hora el Gobierno retiró este aguinaldo que se le quería entregar a esta gente", señaló el legislador.
No obstante, Jiles no fue la única que criticó los dichos de Urrutia, ya que varios parlamentarios de oposición y también de su sector, se manifestaron en contra de las declaraciones en la red social Twitter.
Incluso, la propia ministra Pérez durante la conferencia de prensa afirmó que "tenemos que ser muy cuidadosos con el mensaje", por las palabras de Urrutia.
Cifras oficiales indican que cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio durante la dictadura de Pinochet.
