Según se desprende de un informe de la Guardia Civil que este 24 de abril recogen los medios, esta entidad, de la que la Generalitat (Gobierno catalán) formaba parte, gastó 17.703,36 euros en hoteles para alojar a 47 personas que llegaron a Barcelona en las fechas previas a la consulta con el cometido de actuar como observadores internacionales o acompañantes.
También señala como responsable del pago directo a Albert Royo, secretario general de Diplocat hasta el 31 de octubre de 2017, cuando fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española —que permite al Ejecutivo central intervenir la gestión de una administración autonómica, previa ratificación del Senado— y la propia entidad que presidía, disuelta.
Más: Ministro español afirma que el Gobierno catalán no utilizó dinero público para el referéndum
El informe del cuerpo armado fue remitido al juzgado de instrucción número 13 y al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra varios dirigentes independentistas por rebelión y malversación de fondos.