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71 comunidades indígenas llevan al Estado argentino a la Corte de Derechos Humanos

71 comunidades indígenas llevan al Estado argentino a la Corte de Derechos Humanos
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Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aceptó un caso contra el Estado argentino sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Están en disputa 400.000 hectáreas en las que viven 71 comunidades afincadas en la provincia de Salta desde antes que ésta se convirtiera en tal.

Se trata de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que nuclea a los pueblos mataco, chorote, chulupí, toba y tapiete. Comenzaron su reclamo en 1984 con la intención de que se garantice el derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios ancestrales.

"La respuesta del Estado ha sido básicamente la violencia", explica la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (Cels), patrocinante de la querella ante la Corte quien aclaró, sin embargo, que "por suerte esto último no ha sucedido en el caso de Salta".

Pero ante la falta de avances, en 1998 el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo analizó durante dos décadas, para luego pedir la intervención de la Corte IDH a finales de febrero de este año, debido a la falta de acciones concretas del Gobierno.

"La Comisión dictó en 2012 un informe de fondo en el que consideró que estaban efectivamente violados una serie de derechos de las comunidades indígenas, entre ellos el de propiedad en clave comunitaria, y dispuso medidas de reparación que el Estado debía cumplir".

Por ejemplo, avanzar en la delimitación de los predios y remover los alambrados que interrumpen la vida tradicional de las comunidades, pero transcurrió el tiempo y tampoco hubo medidas concretas.

"El Estado tuvo muchas oportunidades para avanzar (…) entonces la Comisión consideró que había dado un tiempo más que importante y por eso corresponde que el caso sea remitido a la Corte", indicó Kletzel.

Si bien el fallo de la Corte será exclusivo para este reclamo, "la oportunidad que representa el tratamiento de la Corte de este caso trasciende la discusión específica de estas comunidades, en la medida en que hay reivindicaciones históricas en todo el país".

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