"Vamos a seguir presionando al Gobierno para que haga todas las gestiones y (los secuestradores) entreguen los cuerpos; de cualquier forma tienen que traerlos", señaló Rivas, uno de los tres portavoces de las familias de las tres víctimas, secuestradas el 26 de marzo.
"Poder traerles, saber que regresaron a su patria, es algo humano, tiene una connotación sentimental que va más allá de lo entendible", explicó Ricardo Rivas.
Pero hay además otras razones, porque el acceso a los cuerpos permitirá saber "cómo fue y a qué hora fue" el asesinato, es decir, "se pueden ver muchas cosas y por eso a algunos no les interesa que aparezcan", dijo Rivas sin dar más detalles.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja intervino para articular un proceso humanitario que permitiera a los secuestradores devolver los cuerpos.
Los familiares están dispuestos a más allá y, con asesoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intentan que se conforme una comisión internacional de alto nivel que compruebe si la investigación realizada por la fiscalía de Ecuador "está bien hecha".
Para eso se reunieron la semana pasada con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien les ofreció su respaldo para organizar esa comisión.
Rivas aclaró que las familias no quieren que el Gobierno intervenga en esta comisión, pues buscan que sea independiente y que por ello pidieron apoyo de la CIDH.
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En vísperas de cumplirse el primer mes desde el secuestro, los familiares organizan una gran vigilia frente a la casa de Gobierno para exigir justicia.
Tras 19 días de secuestro, el presidente Lenín Moreno confirmó el 13 de abril que los tres habían sido asesinados.
Las autoridades afirman que el responsable es el grupo disidente Oliver Sinisterra, comandado por alias "Guacho", por quien los Gobiernos de Ecuador y Colombia ofrecen una recompensa de 230.000 dólares.
