"Los decretos se tienen que mandar como una iniciativa de ley a la Asamblea (parlamento) para que lo revise y, si después esta decide aprobarlo, lo envía al presidente (de la República) y este lo firma y se publica en la Gaceta Oficial; en este caso la reforma fue publicada directamente en la Gaceta Oficial", explicó Murillo, quien trabajó en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en los años 80.
"Actualmente el porcentaje base es de 37% más 1,15% por cada año trabajado después de las primeras 150 semanas cotizadas; con el nuevo decreto sería 30% más 1,2% por cada año cotizado después de las primeras 150 semanas cotizadas", indicó.
El 18 de abril, estudiantes universitarios y trabajadores salieron a las calles en Nicaragua para rechazar la reforma.
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En las multitudinarias protestas hubo enfrentamientos con la policía y, según el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), fallecieron 28 personas durante la represión.
Ante esa situación, el presidente Ortega derogó la resolución 1.317 sobre la reforma al seguro social y llamó al diálogo para superar las diferencias, aunque las protestas han continuado.
Colapso del sistema
Murillo explicó a esta agencia que los problemas en el seguro social comenzaron años atrás.
"El seguro social fue administrado por el Gobierno sandinista a partir de enero de 2007 y lo recibieron con un saldo positivo; el Ejecutivo vino trabajando bien y llegó al 2012 teniendo más de 15.000 millones de córdobas de reserva (480 millones de dólares)", indicó Murillo.
El reglamento del seguro social, agregó Murillo, dice que "no se debe utilizar más del 6,5% de los ingresos para gastos administrativos y la actual administración se está gastando hasta un 14%, y eso ha mermado los ingresos de tal manera que en 2013, cuando vieron que no había dinero, gastaron esa reserva de 15.000 córdobas e hicieron una reforma que, según el Gobierno, iba a llegar a 2030, pero no fue así", añadió.
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Otra parte de ese déficit, observó, se debe a que desde hace unos años el Gobierno "comenzó a dar pensiones reducidas a los jubilados que, no completando su periodo de cotización, aportaron como mínimo cinco años", lo cual también hizo que disminuyeran las reservas.
"El seguro social no es una institución de caridad ni de ayuda social, es una institución donde se aporta dinero para tener un beneficio cuando uno se jubila", criticó.
El 24 de abril los campesinos llamaron a un paro nacional hasta que se cumplan las demandas de los estudiantes, publicó el diario La Prensa.
