El Senado rechazó en comisiones el proyecto aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 19 de abril pasado, que eliminaba el fuero del presidente y funcionarios públicos, porque "la reforma presenta inconsistencias jurídicas y de técnica legislativa que deben analizarse y corregirse".
El texto aprobado por los diputados "pondría en situación de vulnerabilidad al presidente de la República de cualquier partido, y se podría llegar a la ingobernabilidad y una crisis de Estado", indicaron los senadores.
Los senadores se opusieron a eliminar la inmunidad, que permitiría someter a juicio político a un mandatario y funcionarios de su Gobierno, sin necesidad de un proceso legislativo que elimine ese privilegio.
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El dictamen que había obtenido media sanción de los diputados reformaba el artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero del presidente de la República, que, según la carta magna "durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".
Claves del freno senatorial
El texto aprobado en la Cámara de Diputados establecía que "durante el tiempo del encargo, el primer mandatario, los diputados, los senadores, los magistrados de los tribunales de justicia de las entidades, alcaldes (…) podrán ser imputados penalmente".
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El fuero que protege a los funcionarios, y que solo puede eliminar el pleno del Congreso, ha impedido muchas veces procesos judiciales por corrupción, peculado, y tráfico de influencias.
Solo la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) y Movimiento Ciudadano (MC, centro) que apoyan al candidato presidencial Ricardo Anaya, segundo en los sondeos, apoyaron el dictamen que no logró los votos necesarios para pasar al pleno.
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Los senadores acordaron que una comisión técnica revise el proyecto de reforma para los cambios necesarios.
Sin embargo, la legislatura podría concluir sin esa controvertida reforma, dado que la próxima sesión del pleno senatorial fue convocada para el 30 de abril, para clausurar el periodo ordinario de sesiones, que serán reanudadas después de los comicios presidenciales y legislativos del 1 de julio próximo.