Puigdemont y varios consejeros de su Ejecutivo se trasladaron a Bélgica el 28 de octubre de 2017, un día después de que el Parlamento de Cataluña declarase la independencia sin efectos y de que el Gobierno de España activase en respuesta el artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central intervenir la gestión de una administración autonómica para restablecer la legalidad, previa ratificación del Senado (cámara alta del Parlamento).
Tanto los dirigentes independentistas que se encuentran en el extranjero como los que se encuentran en prisión preventiva desde octubre de 2017 iniciaron varios procesos judiciales denunciando lo que consideran una vulneración de sus derechos políticos, en España y a nivel internacional, de manera destacada ante la ONU.
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El propio Puigdemont asumió como una de sus principales tareas de estos seis últimos meses en el extranjero la internacionalización de la causa independentista a través de actos públicos como conferencias y charlas, como las que realizó en Bélgica, Copenhague (Dinamarca), Ginebra (Suiza) o Helnsinki (Finlandia).
Además, en las negociaciones para la formación de un gobierno en Cataluña, su formación, Junts per Catalunya (JxCat), propuso la creación de un Consejo de la República, un organismo que asumiría funciones ejecutivas y presidiría el propio Puigdemont, mientras el presidente de la Generalitat (Gobierno catalán) adoptaría las funciones equivalentes a las de un primer ministro de manera provisional.
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El dirigente independentista se encuentra actualmente en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida su posible entrega a las autoridades españolas, luego de haber sido detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana con Dinamarca procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica).
