"La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) asumirá medidas legales a nivel nacional e internacional para demandar el respeto y la vigencia de los derechos a la propiedad privada y la libertad de empresa en Bolivia", dijo la organización empresarial en un comunicado.
El Gobierno, que decretó el alza salarial el 1 de Mayo, pareció no conmoverse ante la dura reacción empresarial, asegurando en cambio que Bolivia tiene, bajo la conducción del presidente Evo Morales, un "excelente clima de negocios" en el que se han multiplicado las ganancias del sector privado.
La funcionaria destacó que el Gobierno no sólo ha dictado medidas favorables a los trabajadores, como el alza salarial y una ley que da pie al traspaso de empresas en quiebra a manos de sus trabajadores, sino que también ha aprobado varias iniciativas en favor de los inversionistas.
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Prado citó medidas concertadas con los empresarios para un acceso más fácil a las contrataciones estatales de infraestructura, la eliminación de impuestos a las importaciones temporales de maquinarias e insumos y la liberación de exportaciones agrícolas.
El pronunciamiento empresarial, que se refirió sólo a las medidas pro trabajadores, anunció que un congreso sectorial extraordinario, a efectuarse lo más pronto posible, definirá el futuro de las relaciones entre la CEPB y el Gobierno.
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En el texto, la organización empresarial adelantó que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de eventual traspaso de empresas en quiebra, que calificó como "confiscatoria".
El presupuesto nacional de 2018 de Bolivia prevé un crecimiento económico de 4,7%, asentado en inversiones públicas de 8.000 millones de dólares, cuatro veces más que las inversiones privadas.