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México ratifica ante CIDH que informe de ONU sobre torturas es "prematuro"

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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México ratificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que un informe de torturas perpetradas durante las investigaciones sobre los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 son "prematuras", informó la cancillería.

El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (ONU-DH) "en torno a las alegaciones de presuntas irregularidades en la investigación del caso (…), se trató de conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones", dijo la delegación del Gobierno.

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El alegato fue presentado durante el 168 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH en República Dominicana, donde participaron familiares de la víctimas y sus abogados, dice un comunicado conjunto de la cancillería, la Procuraduría General de la República (PGR) y la secretaría federal de Gobernación (Interior).

La delegación oficial dijo que las objeciones presentadas ante la ONU el lunes "buscan aclarar cuestiones sustantivas importantes".

Sin abundar en las objeciones, el Gobierno recordó que el documento con la postura oficial de la administración de Enrique Peña Nieto "es público, y que su contenido resulta relevante para el trabajo de la CIDH en el marco de la labor del mecanismo de seguimiento".

Esa participación en la audiencia es "parte de su cooperación con la CIDH y de su compromiso con la atención al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estado de Guerrero (sur).

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Durante la audiencia las autoridades tuvieron la oportunidad para "compartir información actualizada sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, en específico en lo que se refiere a los avances registrados en materia de investigaciones, búsqueda y atención integral a las víctimas", dice el documento.

Asimismo, el Gobierno reafirmó "el compromiso del Gobierno de la República con el esclarecimiento de los hechos del caso y sanción a los responsables".

Avances y cuestionamientos

La representación del Gobierno subrayó los avances más relevantes en las investigaciones y las acciones de búsqueda "a la luz del cronograma de trabajo acordado con la propia CIDH y con los beneficiaros y sus representantes".

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Particularmente, destaca "nuevas consignaciones de presuntos responsables, así como el resultado de las gestiones de la Procuraduría General de la República, que permitió unificar las distintas causas penales ante un solo juzgado y asegurar así su atención integral", luego de su dispersión den varios tribunales.

Finalmente las autoridades expresaron su "determinación de agotar todos los esfuerzos a su alcance, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia en el caso, y atender así las demandas legítimas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de la sociedad mexicana en su conjunto".

Familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, y sus abogados, advirtieron en la misma audiencia que el Gobierno federal intenta cerrar el caso, ante la probable próxima alternancia en la presidencia de México.

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"Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va, y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar adonde tope en nuestro caso; por eso quieren cerrar cada línea simulando que investigan", advirtió Emiliano Navarrete, padre del joven desaparecido José Ángel.

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La representación legal de las familias advirtió de "cuatro señales" de un posible cierre del caso con impunidad: en primer lugar, "el rechazo del Gobierno de México a un informe internacional" del la ONU-DH, "que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para (sostener) la teoría oficial".

Asimismo, denunciaron "la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados" vía telefonía celular entre narcotraficantes en el estado de Guerrero (sur) y Chicago, EEUU, proporcionados por la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés), "con el propósito de exculpar a funcionarios de Guerrero y federales".

Los otros dos elementos ominosos son, según las familias de las víctimas, "el fracaso de la PGR (fiscalía federal) por su deficiencia en fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial", del entorno criminal de los ataques, en los que también murieron siete personas, 25 más resultaron heridas, y solo han sido identificados los restos calcinados de un alumno, hasta la fecha.

El informe de la ONU establece un patrón de detenciones arbitrarias y torturas en los casos de 34 personas detenidas, presuntos sicarios y policías.

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