El presidente del Consejo, Julio César Trujillo, indicó a la prensa que esta decisión se basa "en la Constitución, que somete a todas las autoridades, incluida la Corte Constitucional, a una evaluación de rendimiento".
Para ello pidieron a los nueve magistrados del ente constitucional un informe de su gestión, que deberá ser entregado en siete días contados a partir de la notificación de la resolución.
Los jueces a evaluar serán Roxana Silva, Pamela Loaiza, Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, este último deberá presentar, además, en su calidad de presidente, un reporte sobre todo el funcionamiento de la Corte.
Asimismo, la ciudadanía tendrá cinco días para presentar sus denuncias, reclamos y quejas sobre la labor llevada adelante por la entidad.
Lea también: La consulta popular ecuatoriana entierra la revolución ciudadana
"La facultad extraordinaria de evaluación se circunscribe a aquellas autoridades de control nominadas por el Consejo de Participación, y la Corte Constitucional no es nominada por el Consejo, por lo tanto, no entra en el ámbito de competencias extraordinarias", indicó Zavala al explicar las razones de su voto en contra.
Poe su parte, el consejero Pablo Dávila advirtió que "dejar sin evaluar" a la Corte "sería incumplir el mandato" que la ciudadanía les otorgó el pasado 4 de febrero en la consulta popular, en la que más de 60% de ecuatorianos aprobó que el Consejo transitorio tenga potestad de valorar el trabajo de las autoridades y cesarlas de ser el caso.
Hasta el momento, el CPC ha destituido por incumplimiento de funciones al superintendente de Comunicación, al de Economía Popular y Solidaria y al defensor del Pueblo, para quienes también nombró a sus respectivos reemplazos.
