"El protocolo de objeción de conciencia aprobado por el Ministerio de Salud no se ajusta a derecho", señaló el miércoles en ente fiscalizador a través de un comunicado.
La Contraloría señaló que el cambio realizado por el ministerio es ilegal porque "las instituciones privadas que tengan convenios con el estado no pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud, y que forman parte de la Red de Salud Púbica".
Cuando el Ministerio presentó esa modificación, la oposición criticó la medida e incluso llamaron al ministro de Salud, Emilio Santelices, a una interpelación para cuestionarlo por esto, y la semana pasada acudió a responder las preguntas de los parlamentarios al Congreso.
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La ley de aborto en tres causales fue promulgada el año pasado durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y permite interrumpir el embarazo en tres instancias: cuando corre peligro la vida de la madre, cuando el feto tiene malformaciones que lo hacen inviable o cuando el embarazo es producto de una violación.
Esta ley incluye una herramienta llamada "objeción de conciencia", que permite tanto a los doctores como a las instituciones de salud privadas, negarse a practicar abortos en una o en todas las causales.