"No, todavía no se ha tenido una respuesta (oficial) de esos países a la solicitud de Guatemala", indicó una fuente de la Secretaría de Estado.
El Ministerio dará "mucha más información de lo que dio la canciller (Sandra Jovel) ayer (jueves) porque como es un tema diplomático no se pueden dar muchos detalles", añadió.
Estocolmo prevé solicitar explicaciones a Guatemala y de momento está elaborando su postura ante lo sucedido, añadió Wallström.
Las razones esgrimidas por Guatemala para pedir el retiro de Kompass y de la embajadora de Venezuela, Elena Alicia Salcedo, obedecen a que "en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado y no acorde a la política exterior del país", dijo un comunicado emitido por la cancillería.
Jovel argumentó que Kompass es "llamó corrupta a toda la sociedad guatemalteca, en su momento nosotros no lo toleramos porque no es así, ese tipo de comentarios no son propios de un embajador".
La semana pasada, Kompass entregó en representación de su Gobierno una contribución de nueve millones de dólares para sostener el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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En el acto, Kompass indicó que "los cambios institucionales deben ser de una naturaleza tan integral que no solo cambian la percepción de un individuo de cómo jugar las reglas del juego en una sociedad corrupta, sino también, y quizá principalmente, hay que crear la percepción de que otros en su situación también están dispuestos a cambiar su comportamiento; esto en otras palabras exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama CICIG".
La Cicig, un organismo independiente creado por la ONU y el Estado guatemalteco para apuntalar la impartición de justicia, ha contribuido a investigaciones que condujeron a procesamientos y condenas de altos cargos en Guatemala.
El propio presidente Jimmy Morales está investigado por financiación ilícita de su partido en un caso iniciado por la Cicig y la fiscalía general.
La semana pasada, el senador del gobernante Partido Republicano de EEUU, Marco Rubio, anunció que iba a congelar un desembolso de seis millones de dólares de su Gobierno para las actividades de la Cicig correspondientes al año pasado.
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Fue entonces cuando Suecia decidió realizar su aporte.
Jovel añadió que la embajadora de Venezuela "también ha cometido algunos tipos de injerencias, los cuales también se han comunicado a la cancillería en su momento", aunque no especificó cuáles eran.
El año pasado, el presidente Morales declaró persona no grata al comisionado de la Cicig, Iván Velázquez, e intentó sin éxito expulsarlo del país.
