La principal conclusión de dicho informe es que Agramunt, que es senador por el conservador Partido Popular en España, es una "víctima" de "la mayor operación de lobismo y grupos de presión contra un individuo en Europa que se haya visto en muchos años".
La investigación, que puntualiza que no existen "evidencias claras" sobre dicha actividad corrupta, expuso una serie de sospechas sobre pagos de Azerbaiyán para suavizar las críticas a ese país en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE por sus siglas en inglés).
Además: La alargada mano de George Soros se extiende a nuevos países europeos
En su respuesta ante la Comisión de Reglamento, Agramunt argumentó que dicha investigación se basó en "reproducir" tres informes incriminatorios redactados por "adversarios políticos".
En primer lugar, Agramunt señala que uno de los principales dedos acusadores en su contra es el de Gerald Knaus, presidente de la European Stability Initiative (ESI).
"La ESI, está dirigida a influir, distorsionar, manipular y dirigir la actividad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con una agenda política clara y definida desde la Foundation to Promote Open Society de George Soros", afirma el informe presentado por Agramunt.
En ese documento, el político español señala que "el lobby ESI recibe 300.000 dólares cada año de Foundation to Promote Open Society"
Además, el argumentario presentado por Agramunt ante la comisión señala que la investigación de la PACE recoge acusaciones de activistas de la "Civic Solidarity Platform", quienes afirman que éste recibió 200.000 euros para asegurar su victoria en la campaña para la presidencia de la asamblea.
Más: ¿Ansía Europa liberarse de los grilletes de Soros?
El expresidente de la PACE afirma que eso es "absolutamente falso" y, además, acusa a esta plataforma de tener vínculos con organizaciones financiadas por Soros que apoyan el independentismo catalán, como la Organización Mundial Contra la Tortura o el Instituto Catalán de Derechos Humanos.
Además, se pide la apertura de una investigación contra la ESI, a la que acusa de recibir dinero para "reformar a su antojo al Consejo de Europa" y de "someter a chantaje a multitud de parlamentarios".