En un desayuno organizado por El Economista, el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, abrió la puerta a bloquear partidas presupuestarias destinadas a la reapertura de Diplocat o las delegaciones de la Generalitat en el extranjero si se destinan a "actividades ilegales e ilícitas".
Diplocat fue disuelto por decreto el 27 de octubre de 2017 luego que el Gobierno español activase, el mismo día de la declaración de independencia de Cataluña, el artículo 155 de la Constitución española, que permite al Ejecutivo central, previa ratificación del Senado (cámara alta), intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad.
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El ministro tampoco descartó regresar a un "control máximo" de las finanzas de la Generalitat como el que aplicó en septiembre de 2017, antes de la celebración del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre.
"La experiencia ya está, no existen dudas sobre la operatividad", apostilló.
Y dirigiéndose a Torra, quien en su discurso de investidura reclamó el levantamiento de los controles, preguntó: "¿A quién le estorba que exista un control de legalidad?"
El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) —la coalición que encabeza el expresidente Carles Puigdemont— fue elegido por una mayoría simple de 66 votos a favor, con 65 votos en contra y cuatro abstenciones.
Tras conocerse el resultado de la votación, Torra agradeció los apoyos recibidos y anunció que su presidencia será provisional al asegurar que "investiremos" a Puigdemont.
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La formación de un nuevo gobierno en Cataluña está generando expectación tanto en España como en el extranjero ante la posibilidad de que el futuro Ejecutivo catalán retome la hoja de ruta independentista.
